El presidente Luis Abinader anunció ayer que serán replicados en diferentes puntos del territorio nacional los operativos contra el crimen organizado similares al realizado en Santiago y otras ciudades del Cibao en los cuales participaron 72 fiscales y más de mil policías y militares.

Tales ofensivas contra el narcotráfico, sicariato, extorsión y lavado de dinero no tendrían la magnitud del operativo montado la semana pasada por el Ministerio Público, Dirección Nacional de Control de Drogas y Policía, porque si así fuera habría que declarar guerra de elevada intensidad contra la criminalidad.

Lo que resulta obvio es que después de una reunión de más de dos horas y media en la sede de la Policía Nacional con la plana mayor de esa institución y los ministros de Interior y de Defensa, el Presidente cree prudente extender a otras provincias el tipo de acometida contra la delincuencia aplicada en Santiago.

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Se reputa que el Ministerio Público preserva su independencia en diseño y ejecución de políticas de prevención y persecución de crímenes y delitos, por lo que se hace cuesta arriba que el anuncio del mandatario se interprete como una instrucción a la Procuraduría General a replicar operativos contra la delincuencia.

Resulta provechosa toda colaboración de la Procuraduría General en cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo para afrontar la criminalidad, siempre que el Ministerio Público no extravíe su rol de jefe de la investigación penal y de las operaciones para desmantelar enclaves criminales. Más claridad, más amistad.