Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) pidió al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), imponer presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de 100 millones de pesos, como medida de coerción contra la diputada oficialista Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La solicitud fue tramitada al juez de la Instrucción Especial de la SCJ, Estévez Lavandier, quien está apoderado del caso desde el pasado 2 de agosto y tiene 20 días a partir de esa fecha para fijar audiencia.

La SCJ está apoderada del proceso judicial contra la legisladora debido a que la misma tiene jurisdicción privilegiada, en su condición de diputada de la República.

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Pilarte, una de las representes del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega (norte), fue identificada como integrante de la red que encabezaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado de dirigir dicha organización criminal y se encuentra bajo medida de coerción.

Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que supuestamente encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero.

La familia López Pilarte está siendo investigada desde el año 2020 cuando la Fiscalía de La Vega sometió a los integrantes por lavado de activos.