El Defensor del Pueblo estableció que eran perfectamente evitables los casos de los tres jóvenes que murieron después de ser detenidos por la Policía, y que el factor común que operó en cada uno de ellos fue la arbitrariedad, el abuso, el incumplimiento, la inobservancia, el exceso y la connivencia, es decir acuerdo o complicidad.
Los datos están contenidos en el informe especial rendido en la mañana de hoy por el defensor del pueblo, Pablo Enrique Ulloa Castillo, en torno a la investigación que hizo ese organismo sobre las muertes de Richard Rafael Báez, el 4 de abril en Santiago Oeste; José Gregorio Custodio, el 18 de abril en Ocoa, y David de los Santos Correa, el 1 de mayo en la capital.

El informe indica que durante el curso de la investigación se pudo recabar información que permite observar un peligroso patrón de irrespeto a la vida, la dignidad y la integridad personal de los dominicanos.
“Como se ha podido constatar en cada caso, las muertes de José Gregorio Custodio (el 18 de abril de 2022), David de los Santos Correa (1.° de mayo de 2022) y Richard Rafael Báez (el 4 de abril de 2022), eran perfectamente evitables y el factor común en cada una de ellas fue la arbitrariedad, el abuso, el incumplimiento, la inobservancia, el exceso y hasta la connivencia que pudo observarse en estos casos”, dice el informe.
Ante esta situación el Defensor del Pueblo es de opinión que un recinto policial es el último lugar donde se deben producir, auspiciar y tolerar situaciones que atenten contra la dignidad, la vida y la integridad de una persona sometida al poder y la vigilancia de la autoridad.

“Los hechos de las últimas semanas demuestran todo lo contrario y erosionan aún más la confianza que la sociedad ha depositado en esa institución y en las personas que la integran”, precisa el informe.
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Entre los hallazgos en la investigación la entidad encontró que los derechos mínimos de las víctimas fueron abiertamente vulnerados, independientemente del propósito de la detención, puesto que estas personas perdieron sus vidas por cuestiones tan elementales como la falta de comunicación de los mismos con sus familiares o de una atención médica oportuna y humana.
A modo de ejemplo, expuso el caso de José Gregorio Custodio, de quien dijo no contó con la indulgencia de los miembros de la Policía Nacional, ni de los profesionales de la salud que le atendieron, puesto que el cuadro descrito en los documentos a los que tuvo acceso el Defensor del Pueblo y las versiones de quienes esa noche estuvieron junto a él en la misma celda, indican que es inaudito que con esa sintomatología se le retornara al recinto policial cuando lo razonable hubiese sido que permaneciera en el centro médico para recibir asistencia hasta que estuviese fuera de peligro.
Precisa el informe que esas circunstancias son las que han alimentado las dudas por las cuales se ha hecho necesario realizar un nuevo estudio forense, que arroje luz sobre las causas de la muerte de José Gregorio Custodio, tal como lo ordenó la Procuraduría General de la República.

También calificó como muy lamentables los otros dos casos.
David de los Santos
Informe indica que en el caso de David de los Santos es evidente que fue colocado en una situación de vulnerabilidad y que los miembros de la Policía llamados a preservar su integridad, instigaron y toleraron actos de tortura y otros tratos crueles que terminaron por arrebatarle la vida, sin que ninguna autoridad civil o policial comprendiera su estado de salud mental.