La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, aceptó aplazar para el próximo día 11 el juicio preliminar contra los imputados en la denominada operación Calamar, pero con la advertencia de que no habrá prórroga ni siquiera un día más.

Lo cierto es que con la lentitud, los incidentes y los reenvíos de los procesos por corrupción, se han incrementado las dudas sobre los resultados.

Ramírez acotó que al supuesto desfalco por más de 19 mil millones de pesos en el que se involucra a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, entre otros, se le han agregado 48 horas.

La decisión de aplazar el proceso se adoptó atendiendo a un certificado médico presentado por el exsenador Rafael Calderón.

Sin atentar contra el debido proceso y mucho menos vulnerar los derechos de los imputados, la verdad es que los tribunales tienen que hacer más para agilizar los procesos judiciales.

En distintos sectores existe una inquietud que raya en frustración sobre la parsimonia en los tribunales de los casos de corrupción. Antes que en tecnicismos jurídicos muchos piensan en complicidades políticas.