No ha dejado de sorprender que el diputado Aníbal Díaz, del PRM, denunciara como un abuso la prisión preventiva de los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

A ambos se les impusieron 18 meses como medida de coerción por su supuesta participación en un escándalo de corrupción por más de 18 mil millones de pesos. La reacción del legislador hace pensar en que lo demasiado hasta Dios lo ve.

Es una gran verdad que Guerrero y Peralta tienen el suficiente arraigo en el país como para no representar peligro de fuga.

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Pero además, como informó el Ministerio Público, los dos fueron detenidos en sus respectivas residencias pese a que estaban al tanto de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en que se les involucra.

A otros imputados, por el hecho de declararse culpables y cooperar con la pesquisa, se les impuso prisión domiciliaria. El legislador perremeísta ha ponderado esos detalles para calificar de abusiva la prisión en Najayo de los dos exfuncionarios peledeístas.

Por lo regular el juez de atención permanente respeta la petición del Ministerio Público, pero en casos como el de Peralta y Guerrero debe primar la justicia.