No se entienden las razones por las cuales el Ministerio Público restringía el derecho a la defensa de Donald Guerrero al negarse a proporcionarle las supuestas pruebas en que fundamenta la acusación en su contra.

La juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ha tenido que ordenar que al exministro de Hacienda se le proporcione la información en que la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) basa el expediente por corrupción.

Guerrero, a quien se le acaba de variar la coerción por prisión domiciliaria, es uno de los principales acusados de una supuesta estafa al Estado por más de 19 mil millones de pesos a través de compras y pagos irregulares.

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Si la investigación está bien sustentada se supone que no debe existir el menor inconveniente en que el exfuncionario sepa de que se le acusa. Con la negativa del expediente a Guerrero la Pepca ha vuelto a dejar mucho que desear en las investigaciones de supuestos escándalos de corrupción.

El exministro de Hacienda, imputado en la denominada operación Calamar, se ha anotado otro punto en el proceso.