Se mantienen vigentes los estatutos que regulan horarios de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, supermercados, tiendas de licores y centros de diversión, y que prohíben emisiones de ruidos nocivos que producen contaminación sonora. Esas leyes y resoluciones son de obediencia obligatoria.

No se objetan las campañas oficiales o del ámbito civil encaminadas a promover gobernanza, buena vecindad, convivencia, resolución de conflictos personales o colectivos, pero en todo estado de causa debe prevalecer el principio de obligatoriedad en el cumplimiento de la ley.

Es por eso que la ciudadania debería respaldar a todo pulmón el operativo “Operación Garantía de Paz”, emprendido por el Ministerio de Interior y Policía para hacer cumplir la ley sobre horario de expendio de bebidas alcohólicas e impedir la contaminación sónica en barrios y sectores residenciales.

La ministra Faride Raful informó que se dispuso el cierre de más de 40 colmadones, bares, discotecas tiendas de licores y billares en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo por vender bebidas alcohólicas fuera de horario y violar la ley anti ruidos.

Sin inhabilitar los beneficios que se derivan de programas comunitarios como “Barrio Seguro” y otros similares aplicados por Interior y Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en procura de afianzar convivencia y gobernanza, se reconoce que la aplicación de la ley también rinde frutos positivos.

La mejor manera de convencer a un violador de la ley es con su sometimiento a la justicia para que responda por las infracciones cometidas, en la seguridad de que sus derechos serán respetados al amparo del debido proceso, aunque fuera mejor que propietarios de esos negocios cumplan con la legislación vigente.

La población seguramente agradecerá a la ministra Raful la extensión de ese operativo contra el expendio ilegal de bebidas alcohólicas y contaminación sónica debería expandirse a todo el territorio nacional para disminuir el desorden y la inseguridad ciudadana derivado de del derroche de alcohol y ruido.

La ley no se negocia ni se condiciona su cumplimiento en ferias populistas donde las autoridades claman para que cesen o moderen comportamientos, por tanto, quien viole cualquier estatuto de orden público debe recibir la sanción condigna, que puede incluir una temporada en la cárcel.