Santo Domingo.-Pese a que el Ministerio Público advirtió que podría solicitar la revocación por incumplimiento del acuerdo con Odebrecht, que excluyó del expediente a sus ejecutivos mediante la “delación premiada”, todavía no se han reanudado los pagos de las partidas pendientes, según el órgano acusador.
La Constructora Norberto Odebrecht adeuda al Estado dominicano 124 millones de dólares de los 184 millones que se comprometió a pagar como indemnización, mediante nueve pagos anuales que iniciaron el 31 de enero de 2017 y debían terminar el 30 de marzo del año 2025.
El acuerdo entre la Procuraduría y la empresa Odebrecht permitiría al Estado dominicano recibir el doble del monto que se habrían dado en sobornos, 184 millones de dólares en un plazo de nueve años.
También te puede interesar: PGR pediría revocar pacto con constructora Odebrecht
Según el calendario de pago convenido, Odebrecht se comprometió a pagar 30 millones de dólares el 30 de julio de 2018; 32 millones de dólares, el 30 de junio de 2019; 16 millones de dólares, el 30 de marzo de 2020; 16 millones de dólares el 30 de marzo de 2021; 30 millones de dólares el 30 de marzo de 2022; 16 millones de dólares el 30 de marzo de 2023;16 millones de dólares el 30 de marzo de 2024 y 12 millones de dólares el 30 de marzo de 25.
Dicho monto sería desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, el cobro de la indemnización sobre los demás países afectados por sobornos, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza”.
Odebrecht se comprometió a proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida, especialmente la “delación premiada” sobre las operaciones de Odebrecht en el país ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil, a raíz de la cual resultarán identificadas personas, obras y la estructura financiera empleada en la movilización de los fondos destinados a sobornos, entre otras informaciones que permitirán al Ministerio Público dominicano continuar con su investigación y someter a la justicia a quienes hayan violado la ley.
Como consecuencia de este compromiso, el Ministerio Público solicitó el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la solicitud de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El contenido de este acuerdo está protegido en su totalidad por la confidencialidad establecida en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano.
Desde 2019 la empresa brasileña dejó de honrar el compromiso en cuotas de US$30 millones cada año que acordó abonar al Estado dominicano como justa reparación de los daños causados en virtud de los sobornos de US$92 millones de sobornos que confesó haber distribuido.
