El Ministerio Público, que ha sido tan ineficaz en algunos escándalos de corrupción, se anota un tanto con el envío a juicio de los imputados en el denominado caso Coral.

La magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, sentó un precedente con la sentencia contra el grupo de altos oficiales activos y retirados, además de varios civiles.

Los imputados más prominentes son los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou. En el grupo figuran 18 empresas, una asociación campesina y hasta una iglesia evangélica.

Se trata de uno de los primeros casos en que no se excluye del expediente a ninguno de los acusados por el Ministerio Público, que en su gran mayoría son militares y policías.

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Los imputados tendrán que responder por la supuesta estafa al Estado por más de 4,500 millones de pesos en compras de raciones de alimentos, combustibles, nombramientos irregulares, lavado y otras prácticas. Con la constitución en parte civil de abogados del Estado el caso toma otro giro.