La directora de Pasaporte, Digna Reynoso, dijo hoy que desconoce cualquier gestión relativa a la privatización de ese documento y aseguró que la identidad del dominicano siempre será protegida en esa dependencia estatal.
No obstante, Reynoso razonó que “eso es imposible, porque la Constitución Dominicana establece cómo y cuándo los datos de los dominicanos son validados”.
Dijo que la validación de esos datos es una prerrogativa de la Junta Central Electoral (JCE).
La funcionaria respondió así una denuncia del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, en el sentido de que la emisión de la libreta sería traspasada a una empresa por la Dirección General de Alianza Público-Privadas.
“Nosotros no entendemos, realmente, de dónde sacan esa versión”, declaró a El Nacional.
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Explicó que, en estos momentos, esa dependencia está ocupada en la licitación de más de 1.0 millón de libretas, para evitar el desabastecimiento de ese producto en la población.
“Estamos trabajando para asegurar que todos los dominicanos tengan sus libretas a tiempo”, aseguró.
Asimismo, expresó que está trabajando en la incorporación al proceso de expedición de libretas de nuevos horarios, locales y mecanismos que hagan más fácil para los usuarios la obtención del documento.
“Nosotros desconocemos cualquier información, cualquier tipo de situación relativa a privatizar Pasaportes”, insistió la funcionaria estatal.
La denuncia
Según el presidente del CARD, la emisión de pasaportes sería entregada a empresarios haitianos a través de la empresa GB Group.
Indicó que esa, en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana.
Surún Hernández visitó el Tribunal Superior Administrativo junto a una comisión de abogados, donde solicitó la nulidad de la privatización de la emisión de los pasaportes dominicanos.
Dijo que la privatización denunciada fue realizada mediante la resolución 04-2023, de fecha 23 de febrero de 2023, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas.
Dijo que la privatización implica un financiamiento mediante un fideicomiso del Banco de Reservas por el monto de US$107,000 millones.
Añadió que la operación atentaría contra la seguridad y soberanía nacional. Cuestionó que la supuesta inversión involucre al Banco de Reservas.
Aseguró que Chevron Texaco República Dominicana es propiedad de Gilbert Bigio, un supuesto socio de un asesor empresarial del Poder Ejecutivo.
Pese a la denuncia, las autoridades de la Dirección de Alianzas Público-Privadas no han emitido ninguna información sobre la denuncia del dirigente gremial que, según su afirmación, atenta contra la seguridad y la soberanía del país.
Alianzas público-privadas
Pese a la gravedad de la denuncia, las autoridades de la Dirección de Alianzas Público-Privadas no ha emitido ninguna información sobre la denuncia del dirigente gremial que, según su afirmación, atentaría contra la seguridad y la soberanía del país.
Miguel Surún Hernández consideró sospechosa la supuesta crisis que meses atrás hubo en la Dirección General de Pasaportes por la falta de libretas para la emisión del documento, lo cual podría ser intencional para justificar la privatización.
