El contrato de concesión del Estado dominicano para la construcción, mantenimiento y administración de peajes de la carretera que conecta la capital de la República con la provincia de Samaná y otras localidades de la región fue un ejemplo de lo que nunca debe darse en la Administración Pública.

Siempre que se pretende estafar o dominar, lo primero que se hace es manipular el lenguaje. Por ejemplo, a esa carretera se le llamó autopista, cuando más bien se parece a un camino vecinal.

Es muy estrecho, con sucesivas curvas para disminuir costos en la remoción de materiales, pero aumenta las muertes en accidentes de tránsito, por su pésimo diseño. Con tres peajes abusivos, para sacar el mayor beneficio en el menor tiempo. Y para beatificarlo, alienando las creencias religiosas, se le denominó oficialmente con el nombre Juan Pablo II.
Más aún, el contrato conocido como Peaje Sombra fue el hijo legítimo de la indolencia de nuestros dirigentes políticos y de la incapacidad culposa de los gobiernos frente a la debida defensa del interés nacional.

Con la suscripción y ejecución de ese leonino contrato se hizo una vulgar exhibición de los males que una sociedad organizada al modo capitalista tiene que cargar cuando no cuenta con una clase social gobernante, y que solo posee grupos de pequeños burgueses que trepan a la dirección de las instituciones públicas con objetivos personales y grupales, que excluyen todo proyecto nacional de progreso, democracia y justicia social. Solo buscan acumular riquezas para seguir en política con sus problemas particulares resueltos.

Ese vil contrato es una grave alerta de lo que puede pasar con la modalidad de la Alianza Pública Privada (APP), como panacea liberal de las obras y servicios que debe emprender el Gobierno, para satisfacer las necesidades de la colectividad.

La cronología del contrato del Peaje Sombra es alarmante. El gobierno negoció en el 1999, se adjudicó en el 2001, el Congreso Nacional lo aprobó en el 2002 y se puso a operar en el 2008. ¡Cuánta permisibilidad o complicidad! Originalmente, como bien afirmó el gran jurista Emmanuel Esquea Guerrero, encargado de la revisión legal, para ponerle término a ese adefesio, se concertó con precio a futuro.

Luego se consignaron sumas. Y con una cláusula absurda, que decía: “Si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de recaudo de peaje durante dos meses de operación plena es inferior al ingreso garantizado para este período, el Concedente (Gobierno dominicano) compensará la diferencia al Concesionario”.

Por suerte, el presidente Luis Abinader se indignó y puso fin a ese vergonzoso contrato. Y lo hizo en una forma posible, por el principio de la seguridad jurídica y para evitar daños mayores en el prestigio del país.