El cacareado proceso de reforma de la Policía ha sufrido un traspié con las más de tres mil pensiones que según el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se otorgaron de manera irregular.

Al otorgarse sin cumplir los requisitos que establece la ley, como reveló Servio Tulio Castaños Guzmán, la decisión constituye un mal presagio sobre la institucionalidad, profesionalidad y modernidad del llamado cuerpo del orden.

Cualesquiera sean las razones se impone una explicación del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, sobre una reedición de una vieja práctica, que contrasta con el discurso de transformación de la Policía.

La circunstancia se presta para examinar la gestión operativa de la Policía, pues se ha denunciado que el patrullaje no existe en muchas zonas por carencia de agentes y, sobre todo, de logística.

Todavía se habla de que hay más agentes fuera del cuerpo prestando servicios particulares que dentro de la propia institución.

Castaños Guzmán, quien coordina la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía, reveló incluso que ha habido muchas quejas sobre las pensiones que definió de irregulares.

Lo ideal es que las irregularidades se corrijan y que no se vuelvan a cometer. Y de existir méritos hasta que se actúe contra los responsables de las violaciones denunciadas por el vicepresidente de Finjus.