Santo Domingo.- El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), consideró que los abogados del imputado en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa están realizando una defensa sin fundamentos para revertir la acusación presentada por el Ministerio Público.
El procurador adjunto Wilson Camacho dijo “a estas alturas del juego, la defensa, y en este caso específico, la defensa de Díaz Rúa, sigue sin poder afectar la acusación del Ministerio Público”.
El magistrado habló luego de que las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, suspendieran el juicio hasta este el martes 24 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
Durante la sesión de este lunes, la defensa de Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, inició con su discurso de cierre sobre la acusación del Ministerio Público por su vinculación a los US$92 millones que Odebrecht admitió haber distribuido para granjearse la adjudicación de contratos de obras públicas en el país.
El órgano acusador pide que Díaz Rúa y el coimputado Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecth, sean condenados a 10 años de prisión; Conrado Pittaluga a siete años y cinco años para los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Además, solicita para cada uno de los imputados una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
En esta fase final del proceso las juezas Méndez, Yunes y Naranjo escuchan los discursos de clausura de las partes. El primero en hacerlo fue el Ministerio Público, luego la defensa de Rondón Rijo y ahora Díaz Rúa.
Entre las imputaciones presentadas por la Pepca contra los procesados figuran violaciones al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
