Ramón Báez Figueroa, expresidente del Banco Intercontinental (Baninter), pidió un informe detallado de la venta de los canales de televisión, emisoras de radio, empresas de cable y de otras que pertenecían al Grupo Baninter.
En la comunicación dirigida a la procuradora general, Miriam Germán Britiio, Yenni Berenice Reynoso y Wilson Camacho pide además información y detalle del acuerdo con el The Bank of Nova Scotia, ahora conocido como Skotiabank que abarque la operación bancaria y la enajenación de la liquidación administrativa de Baninter y la adquisición por parte de Scotiabank de las carteras, sucursales y demás activos del Baninter.
En el expediente del que El Nacional posee copia y que fue notificado mediante el acto de alguacil número 885/2023 del ministerial Kelvin Rosaury Jiménez Tejeda, alguacil ordinario de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, el exbanquero requiere información con detalles del proceso de administración y disposición de la Administradora del Fondo de Pensiones del Grupo Intercontinental; del proceso de administración y venta de la Torre Intercontinental Novocentro; de un solar de 10 metros cuadrados propiedad de Baninter en Santiago de los Caballeros y del destino y venta de la colección de obras de arte.
Suspender funcionarios
Báez Figueroa, quien cumplió una condena de cinco años por la quiebra de Baninter, planteó al Ministerio Público que solicite al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Administración Pública y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que disponga la suspensión inmediata de sus funciones, sin disfrute de sueldo y mientras dure el proceso de investigación de Ervin Nova Bello, gerente del Banco Central y José Manuel Taveras Lay, contralor del Banco Central.
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El planteamiento fue hecho para que no entorpezcan la investigación ni contaminen las evidencias solicitadas en la notificación de denuncia e inicio de investigación penal.
Además solicita la inmediata inmovilización y oposición a entrega, pago o transferencia de activos tangibles o intangibles a la Delta Comercial.
El expresidente del desaparecido Baninter presentó ante la Procuraduría General formal denuncia y solicitud de investigación penal sobre el proceso de liquidación de la entidad bancaria.
Solicitó la inmovilización inmediata, oposición a entrega, pago o transferencia de activos de la Delta Comercial y sus vinculados, por supuesto lavado de activos, y trabó embargo retentivo u oposición por un monto inicial de US$90 millones contra sus requirentes, entre los que se incluyen personas y empresas.
Por conducto del abogado constituido y apoderado especial de Báez Figueroa, el licenciado Rafael Melgen Semán, y está en manos de la directora de Persecución de la PGR Yeni Berenice Reynoso.
El empresario solicita al órgano de persecución que en virtud del artículo 279 y siguientes del Código Procesal Penal (CPP), “se ponga en movimiento la acción pública y se proceda a abrir la investigación preparatoria en contra José Antonio Najri, Marcial Najri José Lois Malkun, Apolinar Veloz, Félix Calvo y Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavárez César Augusto Gómez Díaz, Keryma Marra Martínez, Manuel de Jesús Viñas, Tim Hayward y Mark Fitzpatrick.
Abarca también contra las empresas “Júpiter Motors, S. A., Safari Motor S.A, Grupo Najri, Delta Comercial, S.A., y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
Otros que pide investigar son el actual gerente y el contralor del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Taveras Lay, respectivamente.
En su querella, Báez Figueroa rememora lo ocurrido en el 2003 cuando Baninter fue intervenido por las autoridades financieras, el sometimiento a la justicia de sus principales ejecutivos; la condena que le fue impuesta por supuesto desfalco, y al acuerdo al que tuvo que arribar para salir en libertad condicionada tras cumplir en prisión cinco años de los 10 a que fue sentenciado.
Diez años después pide a la Procuradora general Miriam Germán, la realización de “una exhaustiva investigación penal”, bajo legítima sospecha de que en el Caso Baninter hubo un manejo irregular de unos US$80 millones por parte de la comisión liquidadora de los activos de la entidad bancaria.
Varias acusaciones
El abogado Rafael Melgen Semán, representante de Baéz Figueroa, en la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República enfrentarían cargos de asociación de malhechores, soborno y cohecho, coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito, prevaricación, abuso de confianza, falsedad de escritura pública, estafa contra el Estado y uso de documentos falsos.