Puede prestarse a conjeturas que en la batida anticorrupción ejecutada por el Ministerio Público las principales víctimas, por lo menos hasta ahora, sean hermanos, cuñados y exservidores muy cercanos al expresidente Danilo Medina.

Más todavía cuando de los grandes escándalos denunciados en el pasado los primeros, dentro de los más de 400 que se analizan, estén relacionados con familiares del exmandatario.

E incluso que se haya relegado la investigación sobre la declaración jurada de bienes de actuales y antiguos funcionarios para priorizar los casos que están en la palestra.

La integridad de la procuradora Miriam Germán Brito descarta, hasta pruebas en contrario, cualquier sospecha de que se trate de asuntos personales.

En una confusa estrategia el PLD, en el mejor de los casos, se ha enredado, tratando de victimizarse, en el proceso. Ha decidido enfrentarlo como si la cruzada formara parte de una estrategia gubernamental para desacreditarlo o sacarlo de circulación.

Al asumir las auditorías que revelan supuestos fraudes colosales y el alarmante enriquicimiento de colaboradores de la pasada gestión, el PLD pasó por alto el recurrente clisé de que “cada quien es responsable de sus actos”. O el que la hizo que la pague.

Si Juan Alexis, Magalys y Lucía Medina incurrieron en alguna violación de la ley, la respuesta del PLD ha debido consistir en demandar que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso.

Lo mismo que con otros familiares y los oficiales militares involucrados en los casos Antipulpo, Coral, Coral 5G y demás imputados en escándalos de corrupción.

No parece que denunciar la batida del Ministerio Público como “proceso de judicialización de la política” o parte de una maniobra para desviar la atención pública sea la respuesta más inteligente.

La posición del PLD sobre las acciones contra la corrupción se prestan a múltiples conjeturas, entre las cuales se puede citar el temor de que el expresidente Medina y connotados funcionarios de su Gobierno sean alcanzados por la cruzada.

Ante ese caso el partido ha querido adelantarse con una denuncia que, en honor a la verdad, no parece corresponderse con la realidad.

Pero tampoco con la mejor de las estrategias, toda vez que el PLD no tiene por qué asumir delitos, menos tan comprometedores, en los que pudieran incurrir familiares, colaboradores y hasta el propio expresidente Medina.

Peor todavía tratar de banalizar la lucha anticorrupción en un momento en que amplios sectores, no propiamente afines al Gobierno, ponderan la transparencia y la consolidación del sistema institucional entre los puntos más luminosos del presidente Luis Abinader. El PLD tiene, pues, que revisarse o revisar su estrategia opositora.

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