Aun con la inyección adicional de US$775 millones, el Presupuesto General del Estado, con un monto de un billón, 681,728 millones de pesos, arribará a 2025 en condiciones de discapacidad para afrontar la creciente demanda de obras de infraestructura y de financiamiento a sectores como salud, transporte y seguridad ciudadana.

El endeudamiento público se erige como fatídico alivio a un inconmovible déficit fiscal que en términos absolutos se estima en 242 mil millones 869,900 pesos, equivalente a un 3.0%, tímida estimación marcada a la baja, cuando las expectativas indican lo contrario.

Las obras viales que impulsa el Gobierno en la Plaza de la Bandera y en el kilómetro 9 de la autopista Duarte se financian con recursos aportados por el contrato de extensión de la concesión de las terminales aéreas a la firma Aeropuertos Dominicanos, con los que también se planifica la construcción de dos puentes.

El Gobierno realiza malabares para reducir el gasto público, con la eliminación o fusión de dependencias oficiales, pero con poca posibilidad de maniobra para disminuir una abultada nómina pública que se nutre del clientelismo político. Aunque útil, el ahorro previsto de RD$25 mil millones por esa vía sería irrelevante.

No parece previsible que el presidente Luis Abinader se embarque en un nuevo proyecto de reforma fiscal, toda vez que la formulación y discusión tomaría gran parte de su último período como gobernante, por lo que el Gobierno apostaría por una eficiencia en las recaudaciones así como recurrir al endeudamiento.

El estimado de gasto tributario para 2025 asciende a RD$383,566.2 millones, equivalente al 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir que los impuestos dejados de cobrar por exenciones y exoneraciones, superan en RD$24,993 millones, al déficit fiscal que las autoridades prevén sería del 3.0 por ciento.

Aunque se ejecutará en el marco de una economía en crecimiento en torno al 5 % del PIB, con previsiones de incrementos en turismo, inversión, remesas, exportaciones y zonas francas, el Presupuesto General del Estado caminaría en 2025 sostenido en las muletas de la eficiencia tributaria y endeudamiento.

La ausencia de una reforma fiscal integral, realista, progresiva y consensuada se reflejará en la combinación nefasta de aumento de la deuda pública y reducción del gasto de inversión, lo que dificulta la meta fijada por el Gobierno para 2028, de pobreza cero.