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Privatización policial

Privatización policial

Danilo Cruz Pichardo

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la creación de Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN), que tendrá la responsabilidad de compras y contrataciones y administrar programas de modernización y  desarrollo de la plataforma material y tecnológica del denominado cuerpo del orden.

  Son hermosas las atribuciones del FTPN, pero amerita explicación la forma en que estaría constituido ese organismo. Estará presidido por el ministro de Interior y Policía y tendrá de vicepresidente al ministro de Hacienda. Hasta ahí todo va bien. Donde se daña es al sumar a tres miembros del sector privado. Se habla de tres empresarios. 

¿Cuál es la razón de incluir al sector privado en la administración de la Policía Nacional, con la agravante de que esos empresarios estarían en mayoría? Una institución del Estado no se puede entregar al sector privado mediante decreto, pues el Art. 246, de la Constitución de la República, establece que: “El control sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias…”

Todo lo que se especuló sobre sectores como banca, energía, transporte, agua, turismo, etc., se ha ido cumpliendo. El Banco de Reservas no solo tiene como administrador a un empresario, sino que su Consejo de Directores está formado por empresarios. Son empresarios hasta los suplentes de vocales. ¡Revíselo uno por uno!

Se afirmaba que el  sector energía sería entregado al empresariado y se designó a Celso Marranzini como presidente del fideicomiso de Punta Catalina, un empresario generador de energía, lo que provoca reticencias legítimas.

 Hace apenas meses al ingeniero Macarrulla, ministro de la Presidencia, se le designó también al frente de la Oficina de Desarrollo de Movilidad Urbana e Interurbana, donde puede operar proyectos en los más diversos sectores productivos en el marco de la famosa Alianzas Público-privadas, la que también tiene una dirección general bajo la dependencia del poderoso funcionario.

 La inseguridad ciudadana es una realidad que demanda de reformas en la Policía Nacional, pero siempre bajo el control del Estado dominicano. Los órganos estatales no se pueden entregar al sector privado, bajo el infeliz pretexto de que los únicos serios son los empresarios.

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Danilo Cruz Pichardo

Danilo Cruz Pichardo