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Privilegio ofensivo

Privilegio ofensivo

Por más legal que sea, desde su creación el barrilito de los senadores es un privilegio que ofende a la nación y distorsiona la equidad de la lucha por el poder político.

El programa a través del cual los legisladores fomentan el clientelismo político y el servilismo no es inconstitucional, pero sí inmoral. La misión de los legisladores no es distribuir dádivas ni proporcionar ayuda caritativa, sino que leyes, aprobar contratos y velar para que se cumplan.

También revisar las ejecuciones del Poder Ejecutivo. Los duros cuestionamientos no han puesto ni siquiera a reflexionar a los senadores sobre la necesidad de eliminar un programa que se agrega a los muchos privilegios que representa su condición de legislador.

Mejor lo han defendido con uñas y dientes, como si se tratara de una conquista social. El Tribunal Constitucional lo legitimó al declarar inadmisible un recurso elevado por la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia.

La operación del denominado Fondo de Gestión Provincial Senatorial no es una carta de triunfo para los legisladores en la competencia electoral, pero otorga ventajas a quienes lo reciben.

El Nacional

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