Con las declaraciones juradas de su patrimonio los funcionarios y legisladores entrantes y salientes ha prevalecido la impunidad en la mayoría de los casos porque la ley no siempre se respeta.

Los declarantes no solo dicen lo que quieren y cuando quieren sobre sus bienes, sino que muchas veces hasta se rehúsan a cumplir con la ley sin la menor consecuencia.

La Cámara de Cuentas ni la propia Procuraduría General de la República han mostrado mayor interés en establecer la veracidad ni la procedencia de los bienes que se declaran. Sabrá Dios cuántos funcionarios salientes y entrantes ni siquiera han cumplido con la presentación.

La Cámara de Cuentas, que al parecer superó o silenció sus males internos, se las ha puesto fácil a los funcionarios con la creación de una plataforma automatizada para que hagan la declaración que consigna el artículo 6 de la ley 311-14.

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Al mismo tiempo el presidente de la entidad, Janel Ramírez, ha recordado a alcaldes entrantes y salientes, así como a legisladores que la declaración jurada es una obligación, para que no se alegue ignorancia.

Con quienes incumplen se tiene que actuar, porque es tiempo de acabar con la impunidad.