Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, aseguró este miércoles que enfrentará las actividades ilícitas y las indisciplinas que se producen en el interior de las cárceles del país.

Sin embargo, reconoció que se trata de una tarea constante, gradual y multimodal desmontar las estructuras instaladas por décadas en el sistema penitenciario.

Con relación al denominado Nuevo Modelo Penitenciario, dijo que existe desigualdad para algunos de los presos del sistema tradicional que podían tener espacio en los recintos reformados.

Dijo que comprobó esta practica al visitar las cárceles a partir del agosto del año 2020 cuando fue designada en el cargo, a pesar de que reconoció que el nuevo sistema es positivo en la práctica.

Germán Brito habló en estos términos al reconocer el esfuerzo que realiza la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), dirigida por Rodolfo Valentín Santos, al elaborar y presentar su “Informe de las condiciones de detención y de prisión 2021”, enfocado en que el sistema penitenciario del país supere los males que arrastra desde hace décadas.

Explicó que en interés de que el país y sus diferentes instancias estatales tomen conciencia sobre la necesidad de invertir recursos para mejorar las condiciones de los privados de libertad, la gestión que encabeza, tal como lo reconoce Valentín Santos, mantendrá siempre una vía de cooperación con entidades como la ONDP, la Defensoría del Pueblo, que dirige Pablo Ulloa, los miembros del Congreso y entidades religiosas y de derechos humanos.

A través de un comunicado, Germán Brito recordó que el sistema penitenciario alberga a más de 27,000 presos en 44 recintos, 19 del denominado modelo tradicional.

Recordó que con la Ley 113-21, promulgada el año pasado y que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en República Dominicana, el país se encamina al establecimiento de un solo sistema carcelario.

Además, el Consejo Superior del Ministerio Público inició el proceso de aplicación de la legislación, mediante la creación del Gabinete de Asuntos Penitenciarios, que encabezó el procurador de corte de apelación Jonathan Baró Gutiérrez.