Santo Domingo. – El propietario del restaurante La Chivería, Román Espinal, denunció la ocupación ilegal de unos terrenos adquiridos en el año 2022 en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal.

Según explicó, la compra se realizó mediante financiamiento de una entidad bancaria y a través de la Compañía Anónima de Exportaciones Industriales (ALCAI), cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos.

Espinal indicó que, desde el inicio del proceso de adquisición hasta inicios de 2026, no se había registrado ningún tipo de conflicto legal, administrativo ni de posesión sobre la propiedad. Durante ese período, aseguró que se mantuvo al día todos los compromisos financieros y documentales relacionados con los terrenos.

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“Nosotros compramos de manera legal, tenemos título, certificaciones y todos nuestros pagos al día, y nunca habíamos tenido ningún inconveniente hasta este momento”, afirmó el propietario.

Sin embargo, detalló que el pasado 2 de febrero de 2026 un grupo de personas ingresó de manera irregular a los terrenos, impidiendo el acceso de los propietarios.

De acuerdo con su versión, los ocupantes alegan que dichas tierras les fueron otorgadas por el Instituto Agrario Dominicano para fines comunitarios, incluyendo la supuesta construcción de un cementerio.

Ante estas afirmaciones, Espinal explicó que se inició un proceso de verificación ante las instituciones correspondientes, obteniendo certificaciones tanto de la entidad vendedora como del propio Instituto Agrario Dominicano, las cuales confirman que no existe ningún asentamiento parcelario ni adjudicación sobre dichos predios.

El denunciante aseguró que los ocupantes han actuado de manera agresiva, provocando verbalmente.

Asimismo, informó que el 11 de febrero de 2026 se interpuso una denuncia formal por la ocupación ilegal del terreno, el cual había sido adquirido con el propósito de desarrollar un proyecto de parque natural enfocado en la preservación ambiental.

El Ministerio Público emitió el 1 de abril una orden, la cual fue remitida a la Policía Nacional y aún continua pendiente de ejecución.

“Es preocupante ver cómo uno cumple con la ley y aun así enfrenta una situación de inseguridad”, expresó Espinal, quien exigió la intervención urgente de las autoridades.