Editorial

¿Qué es lo que se pide?

¿Qué es lo que se pide?

No ha quedado claro el pedido que ha hecho Estados Unidos para que República Dominicana siga su avance en la lucha contra la trata de personas “con el enjuiciamiento y condena de los traficantes” y “la prestación de servicios a todas las personas vulnerables incluidas los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana”.

La subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, formuló tal solicitud ayer durante el llamado Diálogo de Alto Nivel sobre Reformas Institucionales entre Estados Unidos y República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

En el pedimento de la enviada estadounidense no quedó claro si se refería al tráfico de indocumentados a través de la frontera, a comunidades migrantes haitianas asentadas en territorio dominicano junto a sus descendientes o al ilícito penal definido como trata de blanca o de personas.

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La prensa atribuye textualmente a la subsecretaria Zeya pedir al gobierno dominicano “seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas”, un ilícito penal que Naciones Unidas define como de los “más vergonzosos que existen porque priva de su dignidad a millones de ciudadanos en todo el mundo”.

Los tratantes de personas engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica o mendicidad infantil por lo que si a ese flagelo es que se refiere el pedido de esa funcionaria, seguramente contará con el respaldo del Gobierno.

Lo que sigue confuso es si la representante de Washington se refiere a un eventual desborde migratorio como consecuencia de la pre anunciada intervención militar en Haití o si incluye en esa prestación de servicio a la población de indocumentados asentados en República Dominicana.

Falta saber también las razones por las cuales la señora Zeya menciona a “haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana” entre la población vulnerable a la que el gobierno dominicano debe proteger como consecuencia de la lucha contra la trata de personas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Ante el agravamiento de la crisis haitiana y una inminente intervención militar en esa nación, hay razones para sospechar que la “prestación de servicios” que ha pedido la enviada de Estados Unidos, no se refiere al crimen de trata de personas, sino a un previsible desborde migratorio y eventuales asentamientos de “dominicanos de ascendencia haitiana”, que de antemano debe contar con el rechazo del gobierno dominicano.

El Nacional

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