Santo Domiingo.- El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este martes la prisión preventiva como medida de coerción a los imputados de la operación Nido, entre ellos el empresario Emmanuel Rivera Ledesma acusado de estafar a un grupo de personas con supuestos proyectos inmobiliarios millonarios.
La jueza Elianny Mena pautó la revisión obligatoria de la medida de coerción para el próximo 9 de julio.
A la salida del tribunal, un grupo de los querellantes manifestó su conformidad con la decisión de la jueza de mantener a los imputados bajo prisión preventiva y aseguraron que no descansarán hasta no obtener respuestas satisfactorias en el caso.
“Por lo menos en el día de hoy las cosas van bien, aparentemente la justicia dominicana se quiere ganar la confianza de nosotros la diáspora dominicana porque la medida de coerción se revisó y todo sigue igual. Se va a continuar investigando, nosotros vamos a venir las veces que sean necesarios porque nosotros no podemos permitir que ese tipo de personas creativas están engañando a una comunidad trabajadora. Exigimos justicia y Emmanuel Ledesma se metió con la comunidad equivocada, la comunidad trabajadora”, declaró una de las querellantes.
Leer: Operación Nido: Dictan 18 meses de coerción contra imputados
El pasado 11 de enero, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Emanuel Rivera Ledesma, principal imputado en la Operación Nido y declaró la complejidad del caso.
El juez Rigoberto Sena también dispuso prisión preventiva contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García, mientras que María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa deberían pagar una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía asegura, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
Según explicó la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (Digepemp) en el expediente acusatorio, los vinculados se encargaban de vender proyectos basados en inmuebles sobre los que no tenían ningún derecho de propiedad, perteneciendo estos a terceras personas e incluso vendieron decenas de proyectos y unidades inexistentes,
La alegada estafa inmobiliaria a gran escala sobrepasa los 700 millones de pesos, y fue ejecutada, además de los siete implicados, por dos empresas, de acuerdo al documento.
Destaca que los apartamentos ilegalmente vendidos superan los 300, al igual que el número de víctimas. Todavía el proceso investigativo está en marcha.
