Los abogados de la Asociación Campesina Madre Tierra, una de las entidades que los fiscales atribuye al mayor general Adán Cáceres, demandaron de la Procuraduría General de la República la entrega de los bienes ocupados a dicha entidad.

Explicaron que se trata de una una institución legalmente constituida y que está fuera del caso Coral, por el que está procesado el general.

Los abogados Francisco Álvarez y Cristian Martínez solicitaron a la PGR disponer una investigación en torno a la manera en que se está administrando dicha entidad desde que fue “secuestrada”.

Afirmaron que Madre Tierra ha sido objeto de una frenética e ilegal campaña mediática desarrollada por el Ministerio Público con los fines de desacreditarla.

En una rueda de prensa ofrecida hoy en la PGR, los abogados expresaron que las instalaciones de dicha compañía, así como el control corporativo de la misma han sido usurpados y ocupados por personas cuyo único dato que “tenemos para su identificación es, precisamente, que se acreditan como representantes de la PGR”.

Dijeron que no pueden afirmar que dichas personas sean de la PGR como lo acreditan sus identificaciones.
“No nos consta aval jurídico alguno que permita tal afirmación pero, nos permite ensanchar las posibilidades de que lo que ocurre es otra vejación realizada por la autoridad al margen de la ley.

Añadieron que. “mientras tanto, estas personas pernoctan y controlan la persona moral misma, sus propiedades, operaciones y dineros… hasta los que obtienen por venta de parte de sus bienes sin otorgar recibos”.

Calificaron la acción como ilegal lo que dicen ha provocado pérdidas de millones de pesos, pues las operaciones ordinarias de la Asociación Campesina Madre Tierra han sido afectadas de manera irreparable y difícil de enmarcar cuantitativamente por la señalada práctica de negociar bienes de la entidad.

Denunciaron que quienes administran la propiedad reciben dinero en efectivo sin que figuren en los registros oficiales establecidos por ley y sin contar con controles confiables y necesarios para auditar ulteriormente estos manejos financieros de particulares. categóricos resultados al respecto.

Revelaron que la PGR impidió a la Asociación hacerse representar por un abogado que asumiera su representación en la audiencia de cuyo estrado fuera obligado a bajar.