El fragor del proceso electoral no resta visibilidad ni trascendencia a las restricciones dispuestas por el presidente Luis Abinader para las compras y el uso de vehículos y franqueadores de los funcionarios.

Por más eficiente que sea la ejecución del gasto público será siempre importante evitar que se dilapide un solo centavo de un Estado que, para colmo, está endeudado hasta la coronilla.

Con los franqueadores, que por demás inciden en el pandemonio del tránsito, lo que se ha visto es un derroche de recursos que contrasta con todo tipo de racionalidad administrativa y financiera.

A través del decreto 71-24 el mandatario procura evitar gastos innecesarios sin afectar la dinámica de la Administración pública.

Si no es para una actividad oficial los funcionarios no tienen por qué usar vehículos de las instituciones los fines de semanas y los días no laborales.