El proyecto de ley que dispone la modificación de la ley 9-96 que busca ampliar la liberación de impuestos a los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos, generará un aumento en la informalidad y la competencia desleal, afectando al comercio formal con significativas pérdidas, estimaron en forma conjunta la Asociación Nacional de Importadores (ANI), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Unión Nacional de Empresarios (UNE).

Estimaron que esta iniciativa se convertiría en una peligrosa brecha para que se importen productos con fines meramente comerciales, ya que la ampliación contemplada da la posibilidad de importar productos libres de aranceles cada seis meses hasta un monto de $2,500 dólares.

Ven con preocupación, que el aumento en el tope del monto y la periodicidad de la exención también se conviertan en un factor importante en la reducción de las recaudaciones del Estado al incrementar el riesgo de que ingresan mercancías con fines comerciales en franca evasión del fisco.

Los gremios indican que, durante los últimos años, el sector formal de la economía viene batallando en contra de un comercio ilícito que ha llegado, en la actualidad, a un nivel muy complejo de competencia desleal y es, justo por esta razón, que enfatizan en la importancia de aunar esfuerzos para promover iniciativas que permitan al país mejorar la lucha contra el comercio ilícito, persiguiendo la informalidad y no fomentándola, al considerar que una regulación de esta naturaleza implicaría un retroceso en el marco legal dominicano.

Las asociaciones empresariales resaltaron, y agradecen, como no pudiera ser de otra forma, el grandioso apoyo de la diáspora dominicana, reconociendo sus tan valiosos aportes a la estabilidad económica y social.

Sin embargo, consideran que los compatriotas en el exterior ya se ven retribuidos a través de la gracia ya existente para las fiestas de Navidad y año nuevo, por lo que ampliar la periodicidad como establece el referido proyecto de ley, afectaría seriamente las recaudaciones del Estado y distorsionará, sin duda, el clima de negocios.