El secuestro de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití, a causa de lo cual fue forzado a renunciar el director de la Policía, constituye un desafío para la comunidad internacional sobre el peligroso deterioro de la seguridad y la ingobernabilidad en la vecina República.

León Charles pagó con su cargo la operación aparentemente impune de las pandillas que hoy controlan las calles e imponen su ley en Puerto Príncipe.

Sin una suerte de salvoconducto nadie está exento de caer acribillado en cualquier lugar o ser simplemente secuestrado por las bandas para exigir rescate por su liberación.

Lejos de acceder a la liberación de los misioneros, los secuestradores han amenazado con matarlos si no se paga un rescate de 17 millones de dólares. Las pandillas no surgieron en el Gobierno de Ariel Henry ni tampoco en el del difunto Jovenel Moïse, sino que datan desde hace tiempo.

Lo extraño es la rapidez con que han crecido y la pasividad para enfrentarlas, aunque sea a través de ayuda internacional. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ni permitir que Haití se convierta en tierra de nadie.

El secuestro de los misioneros debe ser la última gota. No queda de otra que aprovechar el caso para buscar una solución a la inseguridad y la ingobernabilidad que planean sobre una nación que retrocede cada día más. La inseguridad en Haití no puede ser un peligro para sus habitantes, vecinos y la propia comunidad internacional.