Aunque sea en beneficio de la población y de la propia imagen del país, la privatización de los servicios consulares es una decisión polémica, que necesita explicarse.

Las irregularidades que se han denunciado en las legaciones podían corregirse sin necesidad de una medida que cuestiona la capacidad del servicio exterior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que contratará empresas para operar servicios consulares, tales como solicitudes y de visado y renovación de pasaportes. No se trata en apariencia de un problema oscuro, sino de una decisión para agilizar, transparentar y hasta abaratar el proceso.

Otros países han privatizado el servicio sin ningún problema para los usuarios. De acuerdo con un comunicado el proyecto se iniciará en los consulados de Buenos Aires, Barcelona, Boston, Caracas, Pekín y Santiago de Chile. Y su implementación definitiva dependerá de los resultados.

Pero en el caso nuestro la explicación es necesaria para despejar cualquier duda. Las privatizaciones no son simpáticas y muchas ni siquiera han sido beneficiosas para la población. Se tiene ese mal sabor de los procesos.