Editorial

Sin excesos

Sin excesos

La Dirección de Migración ha tomado al pie de la letra la advertencia del presidente Luis Abinader de que en esta semana se incrementarían las repatriaciones de haitianos indocumentados, como respuesta al reclamo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de detener esas deportaciones.

Desde ayer autoridades migratorias realizan extensas redadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo para detener a inmigrantes que no tengan documentos que legalicen su estadía en territorio nacional, quienes son conducidos a un centro de detención para proceder a su repatriación.

Contingentes militares fueron desplegados en motores y todoterrenos por diversas comunidades de Dajabón para reforzar las labores de detención de indocumentados, así cómo del tráfico ilícito en la frontera norte, con el apresamiento de 742 extranjeros sin papeles en sólo un día.

La exigencia del comisionado Volker Türk para que el Gobierno se abstenga de aplicar la ley migratoria ha surtido un efecto adverso, porque el presidente Abinader la tildó de inaceptable e irresponsable, al tiempo de asegurar que se incrementarán las repatriaciones de ciudadanos haitianos a partir de esta semana.

A eso se debe la hilera de celdas móviles que han sido despachadas desde Migración hacia diferentes barrios y municipios para detener a indocumentados y proceder a su deportación, por lo que se estima que el número de repatriados, superaría en lo que resta del año los más de 60 mil devueltos durante el periodo agosto-octubre.

A la Dirección de Migración no le corresponde convertir las instrucciones del mandatario, de incrementar el número de repatriaciones de inmigrantes irregulares, en una cacería de brujas, porque el enojo por las declaraciones intervencionistas del Comisionado de la ONU no debe sobrepasar la prudencia.

Se requiere que las autoridades cumplan con el debido proceso y respeten cabalmente los derechos de extranjeros indocumentados colocados en situación de deportación, toda vez que el Estado dominicano tiene deber y obligación de aplicar el estatuto migratorio, pero sin excesos.

Ante la clara intención de organismos internacionales y grandes metrópolis de obligar a República Dominicana a ejercer el papel de cirineo de Haití, no queda de otra que aplicar sin contemplaciones la ley migratoria, en el entendido de que no aplica a los haitianos dotados de documentos definitivos o transitorios que acrediten su legalidad. Se aconseja actuar con firmeza, con razón, con derecho, pero sin sobrepasarse.

El Nacional

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