La licenciatura en comunicación social tiene una duración de cuatro años. Regularmente los jóvenes que estudian la carrera, al terminar, realizan una maestría, a veces varias, porque en estos tiempos se requiere tener grados y postgrados, producto de los avances científicos, tecnológicos y la competencia del mercado. Sin embargo, ninguna profesión está tan invadida por intrusos como el periodismo.

Es verdad que la Constitución de la República establece, en su Art. 49, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.

La libre expresión del pensamiento es un derecho, pero guarda distancia con el ejercicio del periodismo, el cual tiene que estar reservado para los que son titulados o registrados en el CDP, por lo que se impone que las escuelas de comunicación social y la entidad que agrupa a los comunicadores elaboren un anteproyecto de ley y sea depositado en la Cámara de Diputados.

Es inconcebible que en el 2023 el periodismo todavía descanse en la desfasada Ley 10-91, que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, pero que no trata múltiples aspectos relacionados al ejercicio de la profesión.

Se requiere una nueva ley que regule, dignifique la profesión y acabe de una vez y para siempre con la invasión de usurpadores que se autodenominan periodistas. El que dice ser médico o abogado sin ser una cosa ni otra tiene problema judicial.

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Es un relajo. Así como está el periodismo no motiva a los bachilleres dominicanos a realizar esa carrera. Observo que algunas damas presentadoras se autodenominan periodistas, sin contar con los estudios requeridos y sin haber escrito nunca una nota de prensa.

Una nota de prensa, bien elaborada, basada en la técnica de la pirámide invertida y en un conjunto de normas estilísticas, es más difícil de realizar que un artículo, porque para este último simplemente basta con saber redactar y dominar el tema.

Otro aspecto importante que debía estar plasmado en una nueva ley es el de las pensiones. En la actualidad se obtienen pensiones del Poder Ejecutivo, pero se trata de favores, no es nada obligatorio. Y el monto es de 35 mil pesos.