No conforme con expulsar a 222 opositores y declararlos apátridas al despojarlos de la nacionalidad, el Gobierno de Nicaragua también ha comenzado a apropiarse de casas, negocios, inversiones y otros bienes de los condenados.

Denunciar la miseria, la corrupción, la falta de libertades y la deriva dictatorial del presidente Daniel Ortega se ha convertido en Nicaragua en sinónimo de “traición a la patria” y en ocasiones de una sentencia de muerte.

Entre las víctimas brillan nombres como los del escritor Sergio Ramírez, la poeta Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamarro, el exdirigente sandinista Luis Carrión y la activista de los derechos humanos Vilma Núñez, de 84 años de edad.

Más de 300 opositores han sido víctimas de la represión de Ortega, quien no ha considerado siquiera al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por negarse a marchar al exilio.

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Además de los 222 expulsados el Gobierno ha revocado la ciudadanía a otras 94 personas, una gran parte de las cuales ha decidido asumir todas las consecuencias al permanecer en el país.

Ortega ya ha superado al dictador Anastasio Somoza, a quien sustituyó, en materia de opresión.