El Tribunal Constitucional (TC) le robó el show al espíritu navideño en los medios de comunicación con su sentencia TC/0788/24, sobre las candidaturas independientes, porque alborotó las avispas de los partidos políticos.

Nuestro TC resolvió acoger una acción directa en inconstitucionalidad incoada por el abogado Alberto Emilio Fiallo-Billini contra los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

Los declaró no conformes con la Constitución, debido a que disponen formalidades que se convierten en obstáculos en contra del libre ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegibles de manera independientes y, en cambio, a favor de las organizaciones partidarias.

Así es. Los parcialmente extirpados textos de los artículos referidos violentaban diversas normas constitucionales. A saber: el principio pro-participación, consagrado en los artículos 2, 7, 8 y 74.4; el comentado derecho a elegir y ser elegible, artículo 22.1; el principio de razonabilidad, artículos 40.15 y 74.2.

También el principio de pluralismo político, artículo 216. Por tanto, el TC removió los obstáculos establecidos por los señalados artículos.

Imposibilitaban que ciudadanos sin vinculación partidarias pudieran presentarse como propuestas electorales independientes. Lo que, obviamente, riñe con el ordenamiento sustantivo vigente.

La Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados estuvieron de acuerdo con que el TC acogiera la acción incoada, por considerar que se debía corregir el vicio legislativo denunciado e impugnado por el acciónante, doctor Alberto Fiallo.

Dicha sentencia cuanta con dos votos disidentes. Los magistrados del TC, Alejandro Vargas y Army Ferreira, dieron constancia de sus desacuerdos, porque consideraron que el colegiado se constituyó en un legislador proactivo al proponer la nueva redación de los referidos artículos anulados y, además, que se excedió en sus funciones.

Los principales dirigentes de los grandes partidos políticos se han pronunciado muy preocupados por esa decisión. Hasta han llamado a una urgente reunión para fijar posición contra lo decidido por el TC.

Alegan, en síntesis, que lo decidido por el máximo intérprete del Pacto Político es un atentado contra la estabilidad del sistema de partidos y que amenaza con crear un caos en la democracia dominicana.

En realidad, la oligarquía de hierro que domine en cada partido teme perder su hegemonía en los procesos electorales.

Pero se alegran de que todavía seguirán recibiendo los miles de millones de financiamiento a través de la Junta Central Electoral y con cargo al presupuesto nacional. Todo el panorama electoral, sin lugar a dudas, podría cambiar con esa sentencia del TC.