Es de gran trascendencia la decisión del presidente Luis Abinader para que se evalúen no solo las propiedades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en manos de particulares, sino todos los terrenos del Estado.

Además de la tierra del CEA, particulares se han apropiado de manera ilícita de casas, edificios, solares y otros bienes públicos que también tienen que recuperarse de una manera u otra.

La comisión creada por el entonces presidente Danilo Medina para evaluar los terrenos del CEA tendrá, con la decisión de Abinader, que rastrear más propiedades del Estado detentadas hasta por políticos y firmas privadas. Ese decreto tiene una trascendencia extraordinaria para transparentar el patrimonio del Estado.

Es bien sabido que bastaba con una posición pública o el uniforme militar para adueñarse de terrenos que también se mercadeaban como si fueran propios.

El Ejecutivo definió de oportuna la modificación del decreto de Medina en la medida que amplía el radio de acción de la comisión a cargo de inventariar los bienes del Estado. El paso que se ha dado es importante, pero lo sería más de ampliarse la misión de la comisión oficial.