Los abogados Julio Cury y Eduardo Jorge Prats son dos profesionales a quienes sus preferencias políticas o ideológicas no descalifican sobre la preocupación que han externado en torno a la aplicación del justo proceso en las investigaciones de corrupción que están sobre el tapete.

Antes que cuestionársele, lo mejor es aparcar las pasiones y prestar atención a los reparos acerca del procedimiento empleado contra exfuncionarios imputados por irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Cury y Jorge Prats, quienes dirigen el Observatorio por el justo proceso, han alertado sobre el riesgo de que la prisión preventiva como medida de coerción se convierta en juicio anticipado de los procesos judiciales.

Es una posibilidad que el Ministerio Público tiene que tomar en cuenta para evitar arbitrariedades estimuladas por las pasiones o el protagonismo.

Los abogados, con una larga carrera profesional, lamentaron que lo que definen como sociedad del espectáculo haya sido tomada por miembros de la Procuraduría General de la República “rendidos a los aplausos de las redes sociales y de un sector de la colectividad derrotado por resentimientos y frustraciones”.

Y su señalamiento de que la prisión preventiva es excepcional es una verdad harto conocida que las autoridades judiciales han debido respetar desde siempre.

Con sus observaciones los juristas no defienden a los exfuncionarios detenidos por corrupción, sino a la sociedad en su conjunto. Que sea ahora cuando salen en defensa del justo proceso no resta objetividad a sus señalamientos.