La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero realizaba esta mañana los trámites para el pago de la garantía económica de cinco millones de pesos que le fue impuesta y las diligencias en la Procuraduría para el traslado a su residencia, luego que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación le revocara la prisión preventiva.

El tribunal de alzada le varió la medida de coerción por una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, tras su defensa probar a los magistrados Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás que Guerrero no representa peligro de distraerse del proceso y que el mismo ha acudido religiosamente a todos los requerimientos judiciales.

Su defensa, representada por los abogados Eduardo Núñez y Mario Aguilera, explicó al tribunal que buscaban esta mañana en la secretaría del tribunal el dispositivo de la sentencia para realizar las diligencias para el pago de la garantía económica, para notificar en Migración del impedimento de salida y para el traslado a su residencia.

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Se espera que hoy o mañana, si el Ministerio Público lo permite, Donald Guerrero esté de vuelta a su residencia.

Los penalistas explicaron a la corte, que su defendido cuenta con el arraigo necesario y disposición de acudir a todos los actos procesales que se requieran.

Adujeron que hasta el Ministerio Público confió en que el encartado no representa peligro de fuga, ya que en 2020 le permitió viajar al exterior y él retornó al país sin problema.

“Fue una decisión justa en principio porque los jueces mostraron mucho conocimiento del derecho y muchos valor, aunque nosotros lo que queríamos era libertad pura y simple.Ellos establecieron lo que todo el mundo sabía que él no representaba peligro de fuga”, precisó Núñez.

El MP le atribuye a Guerrero ser el principal imputado en el caso Calamar, un supuesto entramado de corrupción a través del cual habrían estafado al Estado con unos RD$19,000 millones, por lo que, según abogados es de justicia, que el proceso que se le sigue al también exministro encartado en el caso Calamar, José Ramón Peralta, corra la misma suerte.

Los jueces decidieron quitarle la prisión preventiva al exfuncionario, e imponerle una garantía económica de RD$5 millones a través de una empresa aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica ante el MP.

El tribunal acogió el pedimento de Guerrero, no obstante los alegatos de peligro de fuga presentados por la representante del MP, Yeni Berenice Reynoso, que insistió en que Guerrero había iniciado acciones tendentes a torpedear la investigación.

Entre esas acciones citó el supuesto secuestro de 14 expedientes del Ministerio de Hacienda, lo que habría impedido a la Cámara de Cuentas realizar el informe de auditoría de la gestión del imputado, movilización de capitales, y una investigación que se le estaría haciendo en Puerto Rico.