Lo acontecido en el Ministerio de Educación con el documental Las expediciones de junio: Hacia la libertad o la muerte (2013, Fernando Quiroz), es no sólo una tremenda torpeza impensable en un régimen democrático, sino también un atentado a libertad de expresión y una violación del derecho a la creación. Y, además, un abuso de poder.

Quiroz, autor del documental histórico, sometió en 2014 el trabajo a la consideración del Ministerio de Educación para que fuera calificado como material docente recomendado para estudiantes de secundaria.

Durante cinco gestiones distintas del Ministerio, no se le ofreció respuesta al director del documental, y ahora que se ha dado una postura oficial, la resolución del organismo rector de la educación, presenta por escrito, la solicitud de que el trabajo de Quiroz incluya los “aspectos positivos” del importante período histórico que no cita por su nombre pero que es, obviamente, la Era de Trujillo.

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Es ésta la perfectísima definición del abuso de poder, inconcebible a estas alturas de nuestra democracia.

En otras palabras, Educación autorizaría el material audiovisual si el director incluye aspectos y temas que corresponderían a otro tipo de enfoque. Lo que él presenta es la gesta heroica del 14 de junio.

Nada más. No es un documental sobre la Era de Trujillo, lo cual, en todo caso, tendría Quiroz, como creador, la libertad de seleccionar que incluye y que no. La condicionante que plantea el Ministerio de Educación, ahora con la titularidad del maestro Ángel Hernández, es no sólo abusiva y retardataria, sino violatoria del derecho del director del trabajo a enfocar los acontecimientos patrióticos, bajo la óptica que ha considerado adecuada.

Obligarlo a ampliar la producción, introduciéndole variables que no son las que se plantea el director, es un abuso y una acción propia de un régimen arbitrario y de fuerza. La situación plantea un dilema inaceptable, por lo cual es necesario fijar postura por parte del Colegio Dominicano de Periodistas, la Academia Dominicana de la Historia, la Academia Dominicana de Periodistas de Arte (Adopae), la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), el Archivo General de la Nación, los historiadores individualmente considerados y las escuelas de historia de las Universidades, en especial la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.