Las elecciones nacionales no se han celebrado y ya hay toda una polémica que adelanta un camino poblado de malos presagios. El pleno de la JCE con el voto disidente de una jueza ha emitido la Resolución 13-2023 que autoriza a los partidos políticos reservarse el 20 % de los cargos electivos en cada nivel de elección y no por la totalidad.

Esta decisión ha causado desaliento en todos los partidos de oposición que han rechazado lo que consideran mala interpretación de la ley para realizar alianzas, coaliciones o fusiones porque “atenta contra la democracia, la Constitución y la libertad de las organizaciones”. La verdad es que la medida coercitiva y apremiante por el corto tiempo, aniquila la oportunidad de la espectral composición opositora que conlleva largas jornadas de negociaciones, y que la propia Junta es consciente de ello.

No es tan sencillo acogerse a un escueto ¡es la ley! cuando se sabe de los apuros electorales y la sobrevivencia misma de los partidos pequeños que acompañan a los grandes contra un oficialismo que no genera adhesiones pero se beneficia de esa dificultad creada por la JCE, y atiza las propias para imposibilitar las alianzas, exigencia verdaderamente prosaica porque en el 2020 rabiosamente pretendía lo que niega hoy.

Siempre apelamos a la solvencia ética y moral para los miembros de la JCE: que sea gente competente, eficiente, eficaz y con coraje cívico y responsabilidad con la democracia, pero hay un tópico que se echa de menos y es el hacerse un nombre desde el cargo.

Es decir, demuestran fuerza sólo para superar techos personales, pero no institucionales a riesgo de la autoridad moral por el estatus alcanzado. Claro, un absurdo pues se dejan tutorar del poder de turno que controla la cancha para subir o bajar la malla a su conveniencia.