El área protegida de Valle Nuevo, que ha vuelto sobre el tapete con el plazo de 100 días a los productores agrícolas para que abandonen la zona, ha estado rodeado de incógnitas.
Todas las medidas que se han tomado para preservar el parque se han focalizado en los agricultores, pero extrañamente sin tocar a los propietarios de villas y proyectos levantados en violación de la ley. Tan suspicaces son las intervenciones que un censo realizado en 2016 sobre la ocupación y operaciones en la zona excluyó a los dueños de propiedades inmobiliarias.
Solo se ha especulado, aunque sin mayores detalles, que los dueños son políticos y empresarios. Al prohibir las actividades agrícolas en Valle Nuevo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también modificó la resolución de 2016 sobre la implementación del plan de acción para el rescate del parque, que ocupa áreas de las provincias La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Azua.
La importancia de la zona, conocida como madre de las aguas, se puede medir por el nacimiento de los ríos Nizao y Yuna. El rescate, por lo visto, tiene que ser no solo parcial, sino total.
