La violación sexual a menores y adultos se ha convertido en la República Dominicana en una verdadera epidemia más que preocupante, si tenemos en cuenta como se han multiplicado los casos y la frecuencia de homicidios contra las víctimas, así como las visitas al consultorio de psiquiatras y psicólogos.

En lo forense, el análisis de la imputabilidad en el abuso sexual adquiere mayor relevancia cuando los hechos se cometen contra menores. No se trata sólo de juzgar conductas, sino de explorar las bases psicobiológicas.

Las pulsiones sexuales dirigidas hacia menores, concebidas como entidad clínica específica, generan serias dificultades al valorar la imputabilidad del autor y, sobre todo, al estimar su peligrosidad criminal.

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Sin embargo, en la práctica judicial, los trastornos sexuales rara vez operan como atenuantes. Más que razones médico-legales, prevalecen criterios de política criminal orientados a reafirmar el Derecho penal.
La sensibilidad hacia la víctima menor es directamente proporcional a la repulsa contra el agresor. En este contexto, la pena cumple una función simbólica: restaurar el orden moral vulnerado.

La violación sexual ha adquirido rasgos de epidemia social. El incremento sostenido de casos, muchos culminados en homicidios de mujeres y niños, ha desbordado al sistema penal como a la salud mental.

Crónicas periodísticas recogen los episodios más extremos: menores abusados y asesinados por victimarios que, con frecuencia, mantienen vínculos parentales. Pedofilia, incesto, sadismo o necrofilia; violencia radical.

Así, entre patología, castigo y clamor social, la criminalidad sexual contra menores sigue interpelando al Derecho y a la Psiquiatría, recordando que la ciencia no siempre encuentra eco en la justicia penal.