La democracia y la gobernanza seguirán signados por la incertidumbre en una nación donde liderazgo político y legislativo se declaran inhábiles para consensuar y aprobar un nuevo Código Penal, proyecto de ley que muere y vuelve a morir de inanición en cada legislatura.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cree que sectores opuestos a la renovación de ese vetusto código, que data de más de 200 años, ocultan sus intenciones tras la promoción del tema del aborto para que esa ley no sea aprobada.
Es posible que sea al revés: que no se aprueba el Código Penal para no dar aquiescencia al proyecto sobre las tres causales, aunque en ambos escenarios, Gobierno, clase política, poderes fácticos y Congreso actúan irresponsablemente al mantener en el limbo una y otra iniciativa.
El circo montado en torno a ese estatuto envía señal equivocada al Orden Judicial, Ministerio Público y Policía, instituciones que sobre las cuales recae el compromiso de garantizar el orden social y la seguridad ciudadana mediante la configuración y aplicación de un régimen de consecuencia a los violadores de la ley.
Sin poder aprobar un nuevo código se anuncia ahora un proyecto de ley para instituir un Ministerio de Justicia, y se advierte que el Gobierno no ha desistido de su interés de modificar la Constitución de la República, con lo que se invoca el viejo aforismo de que “el que puede lo mucho puede lo poco”.
La Ley de Extinción de Dominio se aprobó en el Congreso antes de que el gallo cantara tres veces, sin que los caudales de la corrupción o de penalidades a esa infracción hayan siquiera cambiado de curso, pero el Código Penal languidece en gaveta congresual, quizás porque no tiene padrino que hable otro idioma.
Ante el rebrote de delincuencia y criminalidad se promete aligerar la carga al Ministerio Público por vía de un Ministerio de Justicia, cuando lo que requiere es de más recursos, equipos y personal para afrontar el auge de los crímenes y delitos. Lo mismo ocurre con la Policía, sometida a proceso de reforma sin fin.
Liderazgo político y congresual deberían renunciar al papel de alfiles de innominados intereses y aprobar de una vez y por todas el nuevo Código Penal, como herramienta esencial para que el Ministerio Público persiga con tenacidad y efectividad la comisión de ilícitos penales y un Orden Judicial que envíe a la sociedad a través de sentencias referenciales clara señal de que ante el crimen no hay impunidad.