Al dejar formalmente abierta la campaña para las elecciones municipales la Junta Central Electoral (JCE), a la que algunos han atribuido debilidad para regular el proceso, lo hizo con una nota alentadora al garantizar que los comicios serán justos, libres y seguros.

¿A qué más pueden aspirar los electores que no sea que se garantice su sufragio y que el proceso esté rodeado de la mayor seguridad? Y en el caso de los partidos, que también tienen sus responsabilidades, que haya equilibrio en el uso de los espacios.

En las votaciones del 18 de febrero de 2024 se elegirán 3,849 cargos, distribuidos en 158 alcaldes y vicealcaldes, 1,164 regidores y sus suplentes; 235 directores y subdirectores y 735 vocales.

Los candidatos y sus partidos tienen la gran responsabilidad de desarrollar su jornada proselitista con el más estricto apego a las leyes.

Un gran deseo de los sectores más sensatos es que la jornada, que en realidad comenzó desde hace tiempo, transcurra de la forma más civilizada posible, en que las propuestas prevalezcan sobre el ruido y la violencia.

La JCE, que en verdad ha sido muy prudente, tiene que velar para que ningún candidato ni partido se pase de la raya en su jornada proselitista.

Los incidentes de otros tiempos y los mismos cuestionamientos al curso del proceso deben quedar en el pasado. Hay que confiar en que se han tomado todas las previsiones para evitar que ocurran o se repitan acontecimientos bochornosos, que cuestionen la imagen del tribunal y de los mismos partidos.