El jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el martes la medida de coerción a los 13 imputados implicados en la presunta red de corrupción Operación Coral 5G.
Romero hizo el reenvió de la medida tras acoger un pedido de los abogados de la defensa, que pidieron mayor tiempo para conocer el voluminoso expediente acusatorio.
La magistrada convocó a las partes para el martes 30 del presente meses a las 9:00 de la mañana.
Los imputados son los generales Juan Carlos Torres Robiou, FARD; Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista ERD, quienes están vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, y para quienes el Ministerio Pública ha pedido la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.
Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
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También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Los imputados de la Operación Coral 5G hasta ahora están custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
El grupo fue apresado el pasado miércoles, cuando fueron apresados, luego de ejecutarse 49 allanamientos en el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos fueron encabezados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El procurador adjunto Wilson Camacho ha sostenido que el Ministerio Público estaba preparado para conocer la medida de coerción del Caso Coral 5G, al destacar que el órgano ha aportado al más de 700 pruebas bien sustentadas de contra los imputados por corrupción administrativa.
El entramado castrense de corrupción administrativa desmantelado operó una mafia de combustibles que atentaba contra la seguridad del turismo, según el Ministerio Público, moviendo unos 700 millones de pesos.
Abogado
El abogado Julio Cury, defensor del imputado Viola, dijo que su defendido tiene como justificar los bienes que posee, tras acusar algunos jueces de convertirse en sello gomígrafo del Ministerio Público.
