Por la querella del defensor del Pueblo, la Fiscalía del Distrito Nacional apoderó a la oficina coordinadora de los juzgados de instrucción de los hechos de violencia ocurridos en el canódromo.
Se solicitó apertura de juicio contra la encargada del recinto, coronel Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Sterling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino por la agresión contra Pablo Ulloa, miembros del organismo que dirige y periodistas.
Sin embargo, la investigación ordenada por la Policía sobre supuestas irregularidades en la retención y entrega de vehículos en el canódromo es una incógnita.
Lo que motivó la presencia en el recinto del defensor del Pueblo, empleados del organismo y periodistas fueron denuncias de corrupción que caracterizarían las operaciones en el canódromo.
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La agresión es una cosa y otra las supuestas irregularidades. El director de la Policía, Eduardo Alberto Then, tiene, sin medir las consecuencias, que aclarar las denuncias. Lo contrario sería un estímulo a la impunidad que incluso ensombrecería su imagen.
