El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) advirtió sobre el peligro que representa para el país la cantidad de haitianos indocumentados que abarrotan el territorio nacional, ocupando principalía en sectores como la construcción, la agricultura y en la economía informal.

El presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, emplazó al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Migración para que sometan a los empleadores, empresas de los sectores de la construcción, agrícola, turístico, zona franca y todas aquellas entidades y personas físicas y jurídicas, beneficiarias del crimen del tráfico ilícito de personas, disponiendo la ampliación del programa de deportación de todos los extranjeros residentes ilegales en nuestros país.

El representante de los abogados atribuyó el problema de la sustitución de la mano de obra local a la complicidad de las autoridades civiles, militares y del empresariado, lo que para él constituye una acción criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

“Con todo esto solo se busca favorecer a empresarios que emplean hasta el 80% de mano de obra indocumentada, bajo la pasiva complicidad de las autoridades de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Trabajo y del propio Departamento de Trabajo “afirmó Surún Hernández.

El jurista recordó que el artículo 135 de la Ley 16-92; y los artículos 135, 144, 423, 424, 433 y 434 del Código de Trabajo, así como los artículos 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 121 de la Ley 285-04, de Migración, prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas.

Citó el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que ejercen esa práctica en perjuicio de la mano de obra local, bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los empresarios, lo cual podría generar que los países sean sancionados.

Surún Hernández alertó sobre la intención del Gobierno de continuar con el malogrado proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. También consideró catastrófico que las autoridades pretendan someter nueva vez dicho proyecto de ley, tomando en cuenta que existe la Ley 137-03, de Migración.