República Dominicana no debería ser expuesta nuevamente a una crisis de reputación como la que tuvo que afrontar con la ejecución de la sentencia 68-13 del Tribunal Constitucional que negó la nacionalidad a hijos de indocumentados y obligó al Gobierno a ejecutar un programa nacional de regularización migratoria.

Leyes de migración se aplican en Latinoamérica, incluidas naciones que comparten fronteras con otros países que padecen convulsiones económicas, sociales y políticas, lo que obliga a gestionar inusuales flujos migratorios sin poner en riesgo gobernanza o estabilidad de sus instituciones ni aceptar presiones externas.

Esa obligación del Estado dominicano, de repatriar a extranjeros en condición migratoria irregular, se ha convertido en tarea difícil que oscila entre anarquía, discriminación, negligencia y corrupción, lo que motiva que propias autoridades violen de manera recurrente protocolos establecidos para aplicar la ley.

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Es el caso del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, quien desalojó por la fuerza a niños que pernoctaban en el parque público, ordenó su repatriación y otorgó un plazo de cinco días para que indocumentados retornaran a su país, con lo cual se abrogó funciones de la Dirección de Migración.

No ha sido bien gestionada la disposición oficial de repatriar a parturientas o pacientes indocumentados atendidos en hospitales públicos, una acción que no debería aplicarse si las personas aún confrontan padecimientos de salud que inhabilitan su movilización hacia la frontera.

Un reportaje ayer del periódico español El País, refiere supuestos casos de mujeres haitianas objeto de violación o abuso sexual en la comunidad de Kosovo, Bávaro, de agentes de migración, como condición para no repatriarlas junto a sus hijos.

Se sabe también que en la zona fronteriza operan bandas de traficantes de indocumentados con la complicidad de civiles y militares y se sabe también que agentes de Migración extorsionan a inmigrantes irregulares con el pago de miles de pesos para evitar su deportación.

El Gobierno está compelido a garantizar estricta aplicación de la Ley de Migración con absoluto respeto a los derechos de los indocumentados objeto de repatriación, lo que requiere identificar a agentes y funcionarios civiles o militares involucrados en ilícitos penales por los cuales el gentilicio nacional se expone a otra gran crisis de reputación a nivel internacional.