Julio Cury. / Archivo
No se trata de una nimiedad, sino de una observación digna de ponderarse para poner los puntos sobre las íes la que hace el abogado Julio Cury sobre la demanda a los imputados en la Operación Calamar.
La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha dado cuenta de que el Estado reclama una compensación de 26,880.9 millones de pesos por daños y perjuicios a los acusados del supuesto desfalco al Estado por más de 19.6 mil millones de pesos.
La querella fue presentada ante la Pepca (Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa) a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público. Pero Cury señala que, por su composición, no es el Estado, sino la Presidencia de la República, la que hace la reclamación.
Si bien reconoce que constitucionalmente el presidente de la República es el jefe del Estado en el caso de la demanda es necesario deslindar la independencia de los poderes públicos.
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Es harina de otro costal la rapidez con que se ha entrado en acción contra los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, así como contra los demás imputados de la Operación Calamar, cuando el proceso contra ellos ni siquiera se había iniciado.
El consultor jurídico del Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, y el coordinador de los demandantes harían un gran bien en aclarar el entuerto jurídico observado por Cury. Y de esa manera evitar otros posibles conflictos.
