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Delitos ambientales

Delitos ambientales

Narciso Isa Conde en su Residencia de Santo Domingo

El volumen y gravedad de los daños y delitos ambientales son enormes y no se detienen al paso de los días. Las nuevas amenazas son realmente ominosas. Costas, ríos, cañadas, lagunas y montañas son depredadas sin sanciones ejemplares.

Un cordón de concesiones de exploración minera corona la Cordillera Central, principal reservorio de agua de la isla: de Este a Oeste, por sus laderas Norte y Sur; concesiones justamente interceptando sus principales fuentes de agua; mientras desatinados proyectos de presas, movidos por el interés de lucro privado, podrían calificarse de agresiones al ecosistema nacional y a los fondos públicos.

Barrick Gold busca expandirse hacia el Este y el Norte de la Sierra Yamasá y Falcondo hacia la Cordillera Central; UniGold y empresas testaferras de Barrick no desisten de sus amenazas al Masacre, el Artibonito y otros ríos del Noroeste; Gold Quest, desde San Juan, y Belfond desde Bahoruco, persisten en agredir el sistema de agua del Yaque del Sur y otros ríos de la región Sur, desde Azua hasta el Suroeste profundo.

Los delitos ambientales  impunes hacen montones y ahora se pretende legalizar otras amenazas con un absurdo proyecto de reforma al Reglamento sobre Zonas de Amortiguamiento de Áreas Protegida que, auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, eliminaría sus zonas de amortiguamiento. ¡Algo atroz!

El Fideicomiso de Pedernales también revela la decisión de comprometer áreas protegidas. El hecho fue admitido por  autoridades, que inicialmente lo atribuyeron a un error de información que sería corregido, pero realmente los documentos originales permanecen sin modificarse.

A esto se agrega que el Puerto para Cruceros será construido en una parte de la costa donde abundan corales, los cuales serían gravemente afectados. Tal decisión fue adoptada a pesar de haberse sugerido construirlo en la proximidad de la ciudad, donde no existe ese inconveniente. Intereses privados impusieron esa inaceptable agresión al ecosistema.

El aeropuerto, como se sabe, responderá al esquema de Alianza Público-Privado-APP, que es una modalidad de privatización de ese sector estratégico, íntimamente relacionado con seguridad nacional, control del territorio y soberanía del país.

 Otro tema crucial es el de los minerales estratégicos, conocidos como “tierras raras”, dadas la denuncias no investigada de su existencia y hasta exportación soterrada en barcazas que salen del Puerto de Cabo Rojo… y las autoridades no dicen ni Ji.

El enorme costo ambiental de estas decisiones está onerosamente ausente de una concepción de “progreso y desarrollo” que obvia daños ecológicos irreparables, pérdida de soberanía y profundas desigualdades sociales, en aras de escandalosas ganancias capitalistas.

Narciso Isa Conde

Narciso Isa Conde