Cierto es que las reformas más polémicas deben discutirse en el Consejo Económico y Social (CES). No hay otro escenario más idóneo para abordar reformas institucionales, por la calidad de la educación y otras en cuya discusión deben participar representantes de todos los sectores.
Pero la realidad es que tras el retiro del diálogo de los representantes de los dos principales partidos de oposición se torna lejano el consenso para modificar la Constitución y consignar la independencia del Ministerio Público.
El impasse no es tampoco para que se recurra a una mayoría mecánica para imponer la modificación de la Carta Magna en forma unilateral.
Pero como la reforma constitucional no es el único tema, aunque sí el principal, la mesa del diálogo puede avanzar en torno al sistema educativo.
Está en lo cierto el movimiento Participación Ciudadana al considerar impostergable la aprobación por el Congreso de leyes imprescindibles para fortalecer el control de la corrupción y la criminalidad. Pero será siempre importante que decisiones de interés nacional sean consensuadas por todos los actores del sistema.
Los partidos de oposición deben integrarse, en lugar de rehuir al diálogo para discutir temas que el país necesita para avanzar en su proceso de desarrollo. Aunque su oposición al diálogo no debe dar lugar, por más criticable que sea, a decisiones unilaterales.
