Decía el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que no pudo hacer todos los cambios estructurales que hubiera deseado porque cada vez que lo intentaba, en el marco de la democracia en que vivía, la Constitución y las leyes se lo impedían.

Supongo que eso les ha sucedido a muchos presidentes de distintos países, por aquello de que “una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín”. El Estado, dentro de un régimen “democrático”, socialista, incluso totalitario, tiene sus reglas que lo atan, sobre todo cuando la correlación de fuerzas no le son favorable o cuando el “establishment” es tan poderoso que no te permiten ir más allá, porque, como dijera poeta Mario Benedetti, también uruguayo, “uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede”.

El presidente Luís Abinader prometió un cambio en el Estado para hacerlo más democrático, plural y transparente, donde la corrupción no pasara desapercibida ante los ojos del pueblo. Desarraigar la cultura del fraude, del robo y el saqueo, que se convirtió en un mal endémica desde la época de la colonia, con la llegada de los conquistadores españoles, encabezados por Cristóbal Colón, asesino y ladrón, que exterminó a los indígenas en menos de 30 años.

Abinader encontró un país devastado por la corrupción y la impunidad, ejercida por un partido como el PLD, que se convirtió en hegemónico, controlando y corrompiendo todos los poderes del Estado. La corrupción, según organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, se llevaba entre el cuatro y el quinto por ciento del Producto Interno Bruto, más del 4% que se invierte hoy día en Educación.

Aunque la Constitución castiga la corrupción, no ha sido posible condenar a los políticos que se robaron el dinero del pueblo, porque el PLD, antes de salir del poder, se blindó judicialmente. Haber designado a la magistrada Mirian Germán como Procuradora General de la República, no bastó para que el Sistema Judicial funcionara como lo esperaba la sociedad y el propio presidente de la República.

Han pasado más de tres años desde que Abinader tomó el poder. Pese a sus esfuerzos y determinación, pese a su reiterada promesa de que los corruptos, tanto del pasado como del presente, pagarán sus culpas, no ha sido posible.

Es el área donde menos éxitos puede exhibir el gobierno. ¡Lamentablemente! No basta con las buenas intenciones del presidente. ¡Lamentablemente! Muchos obstáculos, subterfugios, triquiñuelas y chicanas jurídicas, muchas complicidades de sectores de poder político, económicos, del “cuarto poder” (medios de comunicación y sus dueños) y, hasta religiosos, han impedido que se haga justicia con los políticos ladrones, aquellos que durante más de 20 años se robaron el presente y el futuro del pueblo trabajador.