Genera inquietud la denuncia de la encargada de la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) de que el caso Calamar no avanza por supuestas tácticas dilatorias de los abogados de la defensa.

Si en verdad los abogados de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta utilizan recursos para demorar el proceso, la Pepca debe estar preparada para demostrar cualquier violación de los procedimientos.

Con la denuncia la magistrada Mirna Ortiz deja mucho que desear. No puede la titular de la Pepca condenar los métodos de la defensa de los enjuiciados en el denominado caso Calamar, como las recusaciones de jueces, si no se apartan de los procedimientos.

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Ortiz cita la recusación de la jueza de instrucción Altagracia Ramírez como muestra de las tácticas dilatorias que atribuye a los abogados de los exfuncionarios para demorar el juicio.

Esa denuncia no hace más que aumentar la preocupación sobre el resultado de los casos por corrupción que se ventilan en los tribunales. De la misma manera que los abogados de los imputados tienen sus medios de defensa la parte acusatoria tiene también que tener la suya.